A estas alturas creí que no haría falta rememorar aquel momento histórico en el que Arias Navarro anunció pesaroso la muerte del General Franco. Yo, en aquellos momentos, luchaba por hacerme un hueco entre muchos otros para conquistar una meta que tenía como premio un lugar en el mundo de los vivos. Es por esa razón que toda mi vida se ha desarrollado en un entorno democrático, en una familia que decidió mirar hacia delante y olvidar, como muchas otras, las penurias y los episodios de odio vividos entre las llamadas dos españas.
Y ayer, como quien desempolva un viejo libro que nunca leyó, el señir Garzón se autoproclamó jurídicamente capacitado para seguir investigando y abrir fosas de la Guerra Civil. Setenta años después, el juez más mediático del panorama nacional se declara competente para investigar muertes acaecidas desde 1936, imputar a los dirigentes de la Falange Española en esas muertes, y devolver así la tranquilidad a las familias de aquellas personas.
La fiscalía, consciente de lo inmoral de la propuesta, se opone. Y es que Garzón se ha empeñado en pasar a la posteridad (si no lo hizo ya con el caso Pinochet), aunque deba dejar para ello algunos casos como el del chivatazo del bar Faisán aparcados.
Por todo ello, me pregunto:
Si la Ley de Amnistia no ha borrado los delitos, ¿por qué nadie lo ha juzgado hasta ahora?
¿Qué diferencia hay con Paracuellos y el caso Carrillo? ¿Qué será lo siguiente?
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