jueves, 19 de agosto de 2010

Los intocables

Tras la esperada sentencia del Estatut, que tantos quebraderos de cabeza ha dado estos últimos años, la defensora del pueblo en funciones, la señora Cava de Llano, ha recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acogida de Inmigrantes, en la que según a informado, se incluye también a los retornados. En dicha ley, se antepone en el proceso de aprendizaje para los extranjeros empadronados en Cataluña la enseñanza del catalán al castellano, siendo el aprendizaje del primero, obligatorio, y una vez aprendido éste, y ya de forma voluntaria, el aprendizaje del castellano.

La señora Cava de Llano se acoge a su “coherencia”, y dice acatar la sentencia del Estatut a la hora de recurrir dicha ley de Acogida. Pero para los talibanes del Parlament, esa afirmación, y las actuaciones llevadas a cabo por el defensor del pueblo, han sido más que suficientes para afilar las lanzas, y calificar al señor Múgica como fascista, y la actuación como una “agresión al autogobierno de Cataluña”.

Por una parte, parece que el hecho de que la señora Cava de Llano, autora del recurso, sea catalana, la convierte en una mala sospechosa de anticatalanismo, y quizás por eso se ataca al señor Múgica, que nada tiene que ver con dicho recurso, aunque, como muchos de nosotros, estemos totalmente de acuerdo con la señora Cava de Llano.

Por otra parte, si es cierto que el recurso puede parecer una agresión al autogobierno de Cataluña, en tanto y cuando dicho autogobierno se entrometa en cuestiones que la Constitución que nos dimos entre todos (algunos la heredamos) deja bastante claras. Entrar a valorar si es o no lo más justo lo que indica la Constitución, nos llevaría a la larga a plantearnos una revisión de la misma, pero no en artículos en concreto, sino de forma general, para que afecta también a otras cuestiones a simple vista injustas, como la Ley de Partidos, queden también resueltas.

Mientras tanto, nos guste o no, debemos regirnos por las leyes y normativas que son vigentes, y acatar las sentencias, y respetar los derechos de otros, recién llegados o no, a convertirse en personas competentes, no sólo en una región del Estado, sino en todo su territorio.

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