Según declaraciones del director de la Secció Filológica de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Martí, los periodistas que no hablen correctamente el catalán deberían ser multados, como ya lo son los comerciantes que se niegan a rotular en catalán. De esta manera, el IEC quiere extender la persecución lingüística que se vive en Cataluña a los que se esfuerzan por hacer uso del catalán en sus puestos de trabajo.
Desde la llegada de socialistas al gobierno catalán se han impuesto multas a los comerciantes catalanes por negarse a rotular en la lengua obligatoria. Este mecanismo de recaudación, si prospera la iniciativa del IEC, será otra de las muchas herramientas étnico-lingüísticas de las que disponen en Cataluña para incrementar el acoso lingüístico al español.
Afirman que el catalán peligra y que las autoridades deben reaccionar de manera inmediata, y su discurso seguirá siendo ese hasta que no se oficialice el catalán como único idioma reconocido. En la práctica, en las instancias oficiales, en la educación, en toda la administración local y regional, el catalán es la única lengua y el castellano ha desaparecido, tan sólo recurrido cuando se trata de notificar recaudaciones y tributos a los contribuyentes.
Y esto hace que nos preguntemos si en Cataluña, hoy en día, hay o no verdadera libertad de expresión. Quien no comparte el pensamiento único, que va unido a la lengua catalana y al nacionalismo socialista, es menospreciado, y próximamente, multado. ¿Cuánto tardarán las instituciones de las Islas Baleares en hacerse eco de ese tipo de propuestas? ¿Cuándo tardarán Tous y cia para hacer suyas las propuestas de los ilustres filólogos catalanes?